Riesgo laboral: volver a la cordura

Riesgo laboral: volver a la cordura

El Congreso tratará los cambios a la ley de accidentes y enfermedades laborales. Se intenta cubrir los vacíos dejados por las sucesivas inconstitucionalidades.

Una industria cordobesa, proveedora de partes de vehículos, tenía 150 operarios. De un momento a otro, 90 le iniciaron juicios por enfermedades y accidentes laborales patrocinados por un mismo estudio de abogados y médicos. Al mes siguiente, su aseguradora de riesgos del trabajo (ART) le duplicó la alícuota, que pasó del siete al 14 por ciento de su masa salarial.

Este tipo de situaciones se repiten entre las empresas. La casi decena de declaraciones de inconstitucionalidad a la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), creada en 1995, provocó el fuerte aumento de los juicios laborales. Con todos estos problemas, y pese a que había por lo menos una veintena de proyectos, en 12 años no fue reformada.

Finalmente, el próximo miércoles el Senado aprobaría el proyecto de reforma a la LRT impulsado por el oficialismo, tras haber conseguido el acuerdo por unanimidad en comisiones, luego de incorporar cambios propuestos por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Las modificaciones prometen devolverle racionalidad al sistema y frenar la llamada “industria del juicio”, que elevó los costos laborales de las empresas y benefició más a los profesionales que a los trabajadores.

La nueva norma no cambia sustancialmente la base de la LRT hasta ahora vigente y que motiva el cuestionamiento más importante desde el ámbito jurídico: regula el sistema de reclamos ante enfermedad o accidente laboral, en lugar de propiciar la salud y seguridad del lugar de trabajo y de incentivar la prevención.

La novedad es la Comisión Médica Jurisdiccional, una etapa administrativa previa que en un lapso de 60 días determinará si corresponde el reclamo por enfermedad o accidente. En esto permite llegar a un acuerdo sin tener que ir a juicio.

Ese acuerdo debe ser refrendado y oficializado por el llamado Servicio de Homologación en el ámbito de las comisiones.

La nueva ley permite incluso que las partes pueden convenir la indemnización en forma previa a la Comisión Médica. En ese caso, el acuerdo debe pasar por el Servicio de Homologación.

¿Qué sucede si no hay acuerdo? Las partes pueden pedir una revisión ante una Comisión Médica Central. Si no hay conformidad, el Servicio de Homologación labra un acta para dejar constancia y se abre la etapa judicial en el fuero laboral.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la autoridad en esta materia, será la encargada de reglamentar las comisiones médicas y la Central.


En las provincias



La norma crea el Autoseguro Público Provincial, destinado también a los municipios y a la Ciudad de Buenos Aires, y que tendrá las mismas obligaciones que las ART.

Esto requiere que cada jurisdicción adhiera mediante una legislación propia, ya que la Nación no puede avanzar sobre las provincias. Pero también la obliga a garantizar una estructura suficiente para otorgar estas prestaciones.

Los fondos para pagos de indemnizaciones deberán ser administrados mediante un régimen de gestión económica y financiera separado de la contabilidad general provincial.

Este Autoseguro Provincial debe integrarse al sistema de registros y establecer un plan de acción específico para cada dependencia o establecimiento, según lo que determina la SRT.




Otra experiencia



“Call center”. La cámara y el sindicato tienen su propia comisión médica paritaria.

Sistema. Hay un médico por las empresas, uno por el sindicato y otro independiente. Evalúan las enfermedades denunciadas. Se creó en forma experimental en septiembre y se renovará por otros cuatro meses. Rechazó el 70 por ciento de las carpetas psiquiátricas por unanimidad por falta de argumentos sólidos.